Debe ciudadanía estar atentos a endeudamiento de Yucatán

Redacción/Mestizo


MÉRIDA, Yuc.,12 de mayo de 2020.- La deuda pública debería de ser uno de los temas de mayor interés para cualquier ciudadano. Yucatán no está exento de la misma y por ende los yucatecos tendrían que poner puntual atención e involucrarse al momento en que su gobernante lo proponga como una solución a alguna problemática como sucede en la actualidad con la pandemia de Covid 19.

Durante los últimos gobiernos estatales, la entidad ha ido endeudándose, en muchas ocasiones, de manera no justificada y en otras como en la actual administración, con un fin positivo- la reactivación económica-, pero quizá no la mejor opción. A modo de recordatorio de 2007 a 2017, la entidad registró una deuda de 2 mil 843 millones de pesos, de 2012 a 2019 se incrementó a 5 mil 400 millones de pesos.

Con esos números, a cada yucateco, le correspondera pagar 4 mil 500 pesos por la deuda, que representara el 56 por ciento del salario mensual que actualmente pagan las empresas en Yucatán por cada uno.
El Gobierno de Rolando Zapata Bello, aumentó la deuda publica en un 100% con relación al sexenio de Ivonne Ortega Pacheco, sin embargo, represento menos efecto en la ciudadanía debido al aumento de población, más el efecto del gasto en cuenta corriente contratado no impacto financieramente en deuda, si en flujo de efectivo que son obligaciones ya contratadas en periodos anteriores.

Otro detalle del gobierno de Rolando Zapata fue no cerrar los PPS y si pagar por ellos, situación grave que generó pago de gastos corriente en exceso, además al final incumplió dejando a Mauricio Vila Dosal los reclamos de los proveedores, pauta que dio pie a las negociaciones del gasto de los PPS.
El gobierno de Mauricio Vila tendrá hoy similar deuda que Ivonne Ortega tuvo al final de su sexenio, en caso contratarse los $ 1,728 MDP. Con Ivonne Ortega se incluye el gasto corriente que tenía los citados PPS que hábilmente pudo renegociar el gobierno del estado actual para bajar flujo de efectivo.

Esta deuda que hereda el actual gobierno, también incluye la que dejo el sexenio de Rolando Zapata, la que se contrató con esta administración de “Yucatán seguro” y ahora se sumará la de la pandemia Covid19. Es importante, tener en consideración que apenas es el segundo año de gobierno de Vila Dosal, por lo que se puede estimar en base a los resultados una deuda promedio anual de 3 mil millones de pesos de 2021 hasta el 2025, generando una deuda al final de aproximadamente 13 a 15 mil millones de pesos.

Si la deuda crece a 15 MDP, situación que no se ve lejana a raíz de los eventos que se pronostican en el estado por la pandemia, y a el salario diario se estipula en 300 pesos, estamos hablando que se pagara a los trabajadores de las empresas que se están previendo en reactivación en promedio 9 mil pesos mensuales.

La deuda por ciudadano aproximadamente seria de $6 mil 800 pesos, y representaría el 76 por ciento del salario mensual, aumentando en un 20 por ciento adicional en relacion al año del 56 porciento. Con este escenario el gobierno se verá en la posición de reducir costos de programas, obras, con el contrapeso de la generacion de ingresos a través de la recaudación de impuestos, derechos, tramites, cuotas y demás accesorios para amortiguar la necesidad económica e incluso esperando que las partidas federales que no llegan a Yucatán puedan ayudar otro tanto en la salida económica.

Todo lo que se menciona es futuro, ¿que se puede hacer en el ahora para no generar tal carga?, esas son las decisiones del equipo de la administración actual para dar certeza financiera a este reto que se salió del presupuesto o mejor dicho nunca se pudo “prevenir”.

Pareciera que la situación es difícil y compleja, sin embargo, apoyar al gobierno actual es la responsabilidad de todos. También es responsabilidad de la ciudadanía participar porque al final es la que paga las decisiones que tome el gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de proporcionar toda la información con “peras y manzanas” de cada propuesta de decisión con su propia versión y solución.

Mientras, los ciudadanos a través del Congreso tienen la obligación de exigir a sus diputados que se tomen las decisiones idóneas en beneficio de todos y no de unos cuantos, eso es la obligación final.
Los ciudadanos tienen que estar atentos a estas decisiones y participar en ellas. No se recuerda a alguien que le pida prestado a un banco y ese dinero se lo dé al vecino para que se lo gaste como desee. La persona sabe que al final lo tiene que pagar y que el banco será implacable en el cobro. Cuiden sus recursos y úsenlos con responsabilidad ciudadanos.

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