Acotan fuero presidencial

Redacción/Mestizo

CIUDAD DE MÉXICO, Méx. 7 de Septiembre de 2020.- Con 420 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular reformar los artículos 108 y 111, con lo que el presidente de la República puede ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

Para proceder penalmente contra el presidente, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, la cual resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Los diputados aprobaron una reserva que eliminó de la redacción la palabra “común”, que estaba incluida en la redacción del proyecto de dictamen emanado de la comisión de Puntos Constitucionales, cuya presidenta es Aleida Alavez Ruiz.

El documento presentado para reformar los artículos 108 y 111 constitucionales señalaba que “el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común”, el cual cambió en la redacción final.

La iniciativa fue presentada por segunda vez, luego de que quedó congelada en este año en la Cámara de Diputados, mientras que el año pasado estuvo en discusión en el Senado de la República, pero no fue aceptado en San Lázaro.

Los cambios a los artículos 108 y 11 de la Constitución serán enviados al Senado para su aprobación.

Esta reforma se originó en una iniciativa que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuatro días después de que tomara posesión. Esta fue una propuesta de campaña y en el último año de la 64 Legislatura se convirtió en una prioridad en la agenda. Los cambios no convencieron a los diputados, y la propuesta se quedó en la congeladora hasta este 2 de septiembre. (Con información de Agencias)

Salinas ¿el primero en ir al banquillo?

La denuncia por peculado de la Fiscalía de Chihuahua en contra del abogado Juan Collado Mocelo por un contrato simulado donde se habrían desviado más de 13 millones de pesos durante la administración del exgobernador César Duarte Jáquez podría abrir la puerta para que por primera vez en México un expresidente sea llamado a declarar por el delito de corrupción, sin necesidad de una consulta.

Juan Collado ayudó a desviar de la administración de Duarte Jáquez por medio de un contrato de servicios profesionales en materia jurídica que nunca se concretaron y que en realidad tenían un destinatario: el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien habría recibido el dinero del erario de Chihuahua a cambio de impulsar la candidatura de César Duarte para la dirigencia del PRI.

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