Aborto: Lucha de derechos

Manuel Sánchez/Mestizo News

Cancún, Q. Roo., 14 de Diciembre de 2020.- La propuesta de despenalización del aborto en Quintana Roo ha mantenido a la población dividida en los últimos días. Mientras colectivos feministas presionan a legisladores para aprobarla, grupos provida, entre ellos, la Iglesia Católica, piden lo contrario.

Lo cierto es que al momento no hay nada definido; incluso el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gustavo Miranda, señaló que no estarán a merced de las feministas.

En el Congreso de Quintana Roo hay dos propuestas que abordan el tema: una presentada por el diputado del Movimiento Autentico Social (MAS), José Luis Guillén y otra por su homóloga del PT, Ana Pamplona. Ambas se han quedado sin un análisis.

El primero, en su momento, indicó que su iniciativa no se basará en fobias ni cuestiones religiosas; tampoco en doble moral.

“De lo que se trata, agregó, es de apoyar a quienes toman esa determinación”.

En tanto, y desde junio de 2020, Ana Pamplona señaló que sus compañeros diputados se niegan a despenalizar el aborto en Quintana Roo porque no quieren afrontar “el costo político” e incluso los de su bancada -PT- no la apoyan.

Aquí no se trata de creencias de religiones o de otras situaciones, añadió, “lo importante es garantizar que las mujeres que han sido víctimas de violación o aquellas cuya vida esté en peligro puedan interrumpir el embarazo sin tener problemas legales o médicos”.

Todo lo anterior originó que se rompiera el diálogo entre feministas a favor del aborto y que tomaran las instalaciones del Congreso de Quintana Roo.

Por su parte, El obispo de la Diócesis de Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, convocó en su momento a una manifestación “cívica y pacífica” el 8 de diciembre en el Poder Legislativo, para frenar el aborto legal en Quintana Roo. 

Lo anterior fue criticado por violentar el Estado Laico y representó una escalada en el conflicto social por la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, y cuyo principal promovente es la Red Feminista Quintanarroense (RFQ).

Procedimiento con riesgo

Recordemos que un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia.

La decisión de interrumpir un embarazo es muy personal. A toda mujer que piensa someterse a un aborto, la mayoría de los profesionales de la salud sugieren asesoría psicológica.

Antecedente

En 2009, las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Partido Nueva Alianza (Panal) aprobaron en el Congreso de Quintana Roo una ley antiaborto, pese al rechazo de organizaciones que pidieron un debate de cara a la sociedad.

La Legislatura aprobó por 18 votos contra seis la reforma constitucional, que permitió el nacimiento de la Ley de Protección a la Vida, conocida en ese entonces como “Ley Piña”, presentada en comisiones por la entonces diputada priísta Laura Fernández Piña (hoy alcaldesa de Puerto Morelos). Agrupaciones feministas señalaron que la nueva norma era un atentado contra los derechos de la mujer.

Desde entonces, el artículo 13 de la Constitución estatal estipula: El estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley, y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la ley.

En ese año, los opositores a la reforma afirmaban que se contradice el Código Penal del Estado, que prevé cuatro causales de no punibilidad del aborto: cuando el embarazo sea resultado de una violación que haya sido denunciada ante el Ministerio Público, y siempre que se practique dentro del término de 90 días de la gestación.

Ahora, en 2020, el conflicto por la despenalización del aborto aún continúa y ha dado como resultado la división de la ciudadanía en Quintana Roo.

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