Tren Maya contra reloj

Daniel Gutiérrez/Mestizo News

CANCÚN, QRoo., 18 de Enero de 2021.- La cifra dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCP) es contundente: En dos años, el avance del proyecto del Tren Maya en Quintana Roo es de tan sólo 0.17 por ciento y apenas del 38 por ciento en toda la península Yucatán. 

El porcentaje se origina a raíz de la evaluación hecha por la dependencia, que deja al descubierto varias líneas que comienzan a ser cuestionamientos más que señalamientos.  

Lo anterior ha generado preocupación. Por ello es que el pasado 8 de enero, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, expresó la necesidad de tener turnos triples de trabajo a partir de la segunda quincena del primer mes del año, para combatir el retraso.

“Hasta noviembre pasado, el Tren Maya reportaba un avance total de apenas 0.17 por ciento; sin embargo, hasta ahora no se ve algo que pudiese frenar los trabajos y, si es necesario, se trabajará en tres turnos, señaló Rogelio Jiménez Pons, encargado de la megaobra.

Cambios en inversión

Aunado a esto, ha llamado la atención la abrupta modificación sobre los recursos que el gobierno federal le destinará. En febrero de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la administración sólo aportaría 10% del costo total aproximado del plan ferroviario, que son 145 mil 500 millones pesos. El resto sería financiado a través del sector privado.

Sin embargo, el 15 de noviembre de ese mismo 2019, el tabasqueño anunció su cambio de decisión. Ahora 70% será de origen público. Una parte será pagada con lo que se ha ahorrado en el combate contra la corrupción y con lo recolectado después de haber aplicado la “austeridad republicana”.

Mientras esto sucede, hay temas que crecen de manera paralela que las expectativas del Tren Maya y que necesitan atención cuanto antes, ya que se trata del proyecto insignia del sexenio del gobierno federal encabezado por López Obrador. 

Especulación de predios

La especulación de tierras en Quintana Roo y en toda la península de Yucatán, es uno de los problemas que enfrenta el Tren Maya, ya que desde revendedores, especuladores de tierra, hasta la delincuencia organizada, se han infiltrado en los ejidos de Bacalar y Tulum. 

En Bacalar, por ejemplo, el precio promedio de la tierra pasó de mil pesos el metro cuadrado a alrededor de 4 mil 500 pesos; es decir, un crecimiento de 350%, de acuerdo con los avalúos hechos por el Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo Zona Sur.

La especulación va de la mano con el hecho de que Fonatur ha trazado una ruta junto con el Registro Agrario Nacional (RAN), en la certificación y dotación de dominios plenos de los 149 ejidos que existen en el recorrido del tren para poder integrarlos en los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibras), con los que se prevé financiar 15 estaciones y subcentros urbanos, pero eso también abre las puertas a otros inversionistas interesados en comprar.

Un dato puntual en torno a esto, es que cerca de 70% de la península tiene cobertura forestal y 76% de la tierra es propiedad ejidal, según datos de la organización Rainforest Alliance, lo que complica la ecuación. 

Por ello es que en menos de dos años la selva se ha vuelto atractiva para los turistas, y los empresarios hoteleros buscan cómo expandirse en un mercado que, sólo en enero, generó un ingreso de 2 mil 289 millones de dólares en todo el país, según datos de la Secretaría de Turismo.

Este es el origen de la especulación de la tierra, ya que una vez que los ejidos pierden su condición forestal, es más fácil parcelarlos e incorporarlos a la propiedad privada. Por eso, algunos ambientalistas como Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), creen que “es una estrategia equivocada que va en contra de las comunidades en sí”, ya que “están deshaciendo la base de los recursos que se necesitan para que los proyectos puedan sostenerse”.

Probable exclusión 

De acuerdo con Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), en Quintana Roo, el estado emprendió en las pasadas décadas múltiples acciones para acrecentar la inversión extranjera directa (IED); hizo una apuesta clara por atraer inversiones a toda costa, bajo el supuesto de que generaría crecimiento económico, divisas e impuestos y, sobre todo, empleo asalariado que mejoraría las condiciones de vida de la población pobre.

“Para asegurar esas inversiones, el estado brindó a los inversionistas innumerables facilidades en los planos fiscal, financiero, infraestructura, laboral y ambiental. También les ha facilitado el acceso a la tierra y a los recursos naturales, brindándoles lo que se conoce como excepcionalidades territoriales”.

Esta situación, señala el especialista, es una omisión del estado y por ello se ha dado la ilegal privatización de las playas en más de 85 kilómetros de la Rivera Maya, donde nadie que no sea huésped del hotel puede entrar.

Además, esta excepción territorial ha originado la ilegal construcción de decenas de hoteles sobre terrenos de manglar que han causado la destrucción de mil 860 hectáreas de estos ecosistemas, contraviniendo las leyes ambientales.

“El Estado sin duda tuvo éxito en su estrategia de atracción de inversiones y hoy Quintana Roo tiene más de 100 mil habitaciones de hotel, que aunque el 60% de ellas se encuentran concentradas en 20 corporativos españoles, la industria turística crece año con año. Sin embargo, el precio es demasiado alto y se paga con exclusión.  Esta apuesta del estado ha favorecido el desarrollo urbano, el turismo de masas y la especulación del mercado de tierras; pero además, ha provocado la mercantilización de la cultura indígena y el deterioro acelerado de los recursos naturales, de los territorios rurales y de los medios de vida de las comunidades”, puntualiza Sergio Madrid.

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