Diputados destinaron 85 mdp para “ayudas sociales”

Guadalupe León / Mestizo News

Cancún, Q. ROO, 3 de febrero.- El Consejo de Participación Ciudadana (CPC)  del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo (SEAQROO), interpuso una demanda de amparo  ante un Juez de Distrito en contra del Congreso de Quintana Roo, para que no puedan usar una partida presupuestal de 85 millones de pesos (mdp) destinados a subsidiar el concepto de ayudas sociales para 2021.


Cinthia Dehesa, presidenta del  CPC, dijo que esa partida es contraria a las funciones constitucionales a cargo del Poder Legislativo, ya que son propias del Poder Ejecutivo, por lo que en el contexto actual les hace suponer que se trata de un programa clientelar encaminado a ganar votos para las próximas elecciones locales cuyo proceso ya está en marcha.


En conferencia de prensa  conjunta Janet Aguirre, también integrante del CPC, mencionó que tiene un enfoque discrecional, ya que no tienen reglas de operación sino que son acciones improvisadas para beneficiarios seleccionados específicamente, a quienes sistemáticamente se les entregan fardos de láminas, pañales y despensas, entre otras cosas.


El monto de las asignaciones han pasado del 9 por ciento hace 4 años a 12 por ciento hace 2 años y ahora el recurso se incrementó al 15 por ciento con respecto al presupuesto corriente el Congreso “el presupuesto es el equivalente al de 3 universidades, 5 dependencias estatales”, agregó Aguirre.


Eduardo Bojórquez  director de Transparencia Mexicana dijo a la  prensa que en su opinión lo que buscan los diputados locales son recursos para poder reelegirse, por lo que es importante obtener el amparo  primero para evitar que se usen los recursos, lo que en segundo término sentaría un precedente para impulsar cambiar la Ley Orgánica del Congreso para desaparecer ese ramo de su presupuesto.


Las denuncias por presuntos actos clientelares del Congreso iniciaron años atrás por diversas asociaciones civiles como Somos tus Ojos, y  en 2016  cuando el Observatorio Legislativo, dirigido por Eduardo Galavi Ibarra, reportó que el promedio mensual de beneficiarios era de 121 personas, para el 2017 la cifra se elevó a 698 y en 2018 bajo a 578


El monto etiquetado alcanzó su punto más alto en 2017 cuando asignaron 87 millones de pesos al particular, mientras que en 2017 fueron 23 millones de pesos y en 2018, 25 millones de pesos. El análisis del Observatorio señalaba que varios de los beneficiarios estaban incluidos en otros padrones de asistencia social del estado y municipios, y no se tenía  información sobre los procedimientos para otorgar las ayudas, ni los promotores de ello y mucho menos los montos que se erogan en cada uno de ellos.


También encontraron que muchos son beneficiarios recurrentes, incluidas personas que tienen profesiones que no están dentro del perfil de personas en necesidad de estos apoyos.

De igual forma se detectó que muchos de ellos son militantes de partidos políticos y personas contratadas por honorarios en el Congreso, más  60 empleados sindicalizados.


En marzo y junio de 2019 el Observatorio interpuso sendas denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo  por presuntos actos de corrupción, sin que hasta la fecha se conozca de algún avance en las investigaciones. 

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