Iglesia causa discordia en la península

Especial Mestizo News 

Cancún, Q. Roo.- Históricamente, la península de Yucatán ha sido dominada, de algún modo u otro, por el influjo de la iglesia católica. El mejor ejemplo es lo sucedido durante la Guerra de Castas, periodo en el que “en el nombre de Dios”, desde Quintana Roo a Yucatán, se cometieron atrocidades. 

Con el tiempo, la situación se transformó y la religión cobró relevancia sin violencia en el sureste del país. Sin embargo, durante los últimos años la iglesia católica en estas entidades ha tenido que enfrentar adversidades por el formato de ideología y opinión, arraigado desde siempre por el pasado de Conquista. 

Prueba de esto es que tanto la Diócesis de Yucatán como la de Quintana Roo están señaladas hoy en día por posturas consideradas como de odio y discriminación. Por diferentes temas, la iglesia en ambos estados se encuentra demandada de manera legal.

Q. Roo: Confrontación por despenalización del aborto 

El pasado 22 de febrero, la Red Feminista de Quintana Roo interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en contra del obispo Pedro Pablo Elizondo, así como en contra de Gabriela Santana, líder de la iglesia cristiana en la entidad. 

De manera textual, las integrantes del colectivo “Marea Verde” expusieron ante los medios de comunicación lo siguiente: “Señalamos como responsables de ataques a la Iglesia Católica, representada en la persona de monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas y a la Iglesia Cristiana protestante representada en la ciudadana Gabriela Santana Duarte y al clero en general de los ataques en redes sociales, criminalizando a través de videos la lucha pacífica y la toma del Congreso del Estado”.

Señalaron que han sido amenazadas, lo que se agrava con este discurso de odio.

Aunado a esto, la Red de Feministas responsabilizó al máximo representante de la Iglesia en el estado, Pedro Pablo Elizondo, de una serie de ataques desencadenados en su contra.

De acuerdo con las activistas, “entre los actos de odio y criminalización se han detectado: vídeos, panfletos, carteles, notas periodísticas y mensajes en redes sociales”, entre otros.

Las activistas también los responsabilizan de la difusión de varios volantes en los que estigmatizan la toma del Congreso del Estado.

Para el colectivo a favor de la despenalización del aborto, “los líderes espirituales y religiosos que están haciendo manifestaciones y fomentando el discurso de odio infringen la ley”, expresó una de las activistas.

En materia legal, en teoría existiría violación al Artículo 24, el cual establece el derecho de la libertad de religión y de conciencia, además de permitir la realización de ceremonias privadas o públicas, sin relacionarlos con fines políticos o de propaganda política. 

En redes sociales, el tema ha sido llevado más allá de la discusión, ya que se ha establecido una confrontación entre las feministas y los grupos Pro Vida que son apoyados y respaldados por la iglesia católica.

Además, exhibieron una frase del obispo Pedro Pablo Elizondo que contrasta directamente con el pensamiento que el Papa Francisco ha impuesto desde su llegada al Vaticano como el máximo representante de Dios en la tierra, en el sentido de igualdad en todos los sentidos. Dar entrada y convivir con todos los núcleos, credos y creencias sociales, lo cual no sucede en Quintana Roo, pues Pedro Pablo Elizondo sostiene que la Red Feminista es un “grupo minoritario” que no puede ser atendido por la autoridad.

Este tipo de declaraciones, lo único que ha generado es que permee el repudio en un tema que ha polarizado al principal estado turístico del país en las últimas dos semanas, y que amenaza con convertirse en una bomba de tiempo para el Poder Legislativo en la entidad. 

Yucatán: derechos humanos más allá de la moral y la religión

En Yucatán, de acuerdo con el Inegi, en 2010 el 80 por ciento de la población de yucateca practicaba la religión católica y aunque ser católico no es sinónimo de estar en contra de los derechos, menos hoy en día 11 años después de tal cifra, aún hay un gran número de religiosos que se oponen a los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ, lo cual ha influido en la toma de decisiones de legisladores locales.

La homofobia es un modo de discriminación que aún sigue presente en la actualidad, a partir de la ignorancia de las múltiples expresiones de la sexualidad, hasta la movilización y acción en contra del reconocimiento de los derechos de los individuos LGBTIQ, usando en muchas situaciones argumentos religiosos como el caso del arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, quien el pasado 17 de febrero, en la misa del Miércoles de Ceniza, realizó un comentario hacia esa comunidad.

“Parejas del mismo sexo que vivan juntos siempre las ha habido y siempre las habrá. Está muy bien buscar el velar por los derechos humanos de estas personas, adelante, que se cubran sus necesidades, pero no llamar matrimonio a lo que no es matrimonio”, expresó.

Acusan cerrazón

Ante esto, la reacción no se hizo esperar. El representante de la comunidad LGBTIQ en Mérida, Alfredo Morales Candiani, comentó que “el arzobispo se niega a reconocer que desde 2010, la SCJN declaró que el matrimonio igualitario se trata de un derecho declarado como constitucional, con validez en todo el territorio nacional, por lo que no es un asunto a discusión”. 

El arzobispo dijo que “es injusto que algunos quieran a toda costa otorgarles adopción, mientras que a otras parejas, de hombre y mujer, que tengan todas las posibilidades de recibir hijos, les ponen dificultades, les hacen muy difícil ese proceso o simplemente no se les concede… Entonces hay que resaltar el valor de la familia y que nuestros gobernantes escuchen verdaderamente al pueblo, no a minorías que hacen ruido”, dijo.

Queja formal

Ante ello, Alfredo Morales hizo entrega a la Oficialía del Gobierno del Estado la queja contra el arzobispo Gustavo Rodríguez por sus comentarios discriminatorios contra la comunidad de diversidad sexual.

El subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, Víctor Hugo Lozano Poveda, mencionó haber recibido la queja, pero aclaró que esa instancia no es la que debe solucionar el problema.

Manifestó no tener la facultad para censurar y coartar la libertad de expresión de nadie, excusando los comentarios del arzobispo como “libertad de expresión”. Sin embargo, la libertad de expresión lo es hasta que transgrede los derechos de terceros o se emplea lenguaje discriminatorio y se incita al odio. 

El subsecretario señaló que “es importante la pluralidad para la paz social en Yucatán, en ese sentido todos tienen que aportar y ser tolerantes”, es decir que invita a la comunidad LGBTIQ a ser tolerantes ante los comentarios del arzobispo.

Pendiente matrimonio igualitario

Cabe recordar que aún sigue pendiente la fecha para que la Primera Sala de la SCJN decida si el Congreso de Yucatán está transgrediendo por no haber permitido el matrimonio igualitario, decisión que se daría como producto de un amparo presentado por el colectivo en abril de 2019. 

El Colectivo Por la Protección de Todas las Familias en Yucatán ha expresado no estar en contra de que se haya pospuesto el tema e incluso se encuentran seguros de su victoria debido a los antecedentes de la Suprema Corte en relación con el respeto de los derechos humanos.

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