Por medio de la STyPS se restituye predio a legítimos propietarios en Tulum

Redacción/Mestizo News. Tulum, Quintana Roo; 16 de junio de 2021.- El gobierno de Carlos Joaquín, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), y con el apoyo de la Policía Estatal Quintana Roo nuevamente cumple en seguimiento al combate frontal contra la corrupción y en otorgar justicia para que particulares recuperen sus propiedades de las que fueron despojados durante la pasada administración.

Como antecedentes, en el mes de mayo del año 2014, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, presidida en ese tiempo por Jorge Jaime Cruz Hernández, por instrucción del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, ejecutó un desalojo con todo y turistas de diversos hoteles en la zona costera del municipio de Tulum, los cuales fueron entregados como parte de un laudo laboral a supuestos ex trabajadores que demandaron una millonaria suma en liquidación y prestaciones.

En el mes de enero del año 2012, sin registro de la Oficialía de Partes, se fraguó el juicio laboral identificado con el número 138/2012, en la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de Cancún; los supuestos trabajadores: Samuel Aguilar Ibarra y Omar Homero Tijerina Herrera; y dentro de los demandados destaca el nombre de Carlos Amador Treviño Lozano, éste último representante legal de la supuesta empresa propietaria de diversos inmuebles y albacea de la sucesión de uno de los demandados físicos, y el C. José Luis Rodríguez Hernández, en su supuesto carácter de Apoderado legal de la C. María de los Ángeles Tovar Gómez viuda de Márquez, quienes celebraron un convenio conciliatorio con los demandados acordando pagarles la cantidad de 200 millones de pesos en cinco días y una pena de 35 mil pesos por día que no se cumpliese el pago total, cantidad que evidentemente no fue pagada.

Combate frontal y permanente a la corrupción, prioridad del gobierno estatal.

Como consecuencia del incumplimiento al convenio celebrado por las supuestas partes, en el mes de diciembre de 2013, se realizó la audiencia de remate en primera almoneda de tres bienes inmuebles, en la cual se encontraban diversos hoteles de alta plusvalía.

En mayo de 2014, se desalojan tres hoteles para entregarlos a los supuestos trabajadores demandantes como pago del acuerdo firmado con Carlos Amador Treviño Lozano y con el C. José Luis Rodríguez Hernández, en su supuesto carácter de Apoderado legal de la C. María de los Ángeles Tovar Gómez viuda de Márquez, lo cual se realizó de forma ilegal; sin embargo una vez desalojados los posesionarios originales, se interpusieron acciones legales que fueron del conocimiento de los Juzgados y Tribunales Federales, quienes después de debido seguimiento legal, mediante sentencia dieron la razón a los verdaderos propietarios de los bienes inmuebles que en su momento fueron despojados.

De esta manera, la actual administración encabezada por el gobernador Carlos Joaquín, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, realizan las acciones para hacer justicia; hoy, con el apoyo de la Policía Estatal, la C. María de los Ángeles Tovar Gómez, materializó su lucha y recuperó su bien inmueble, en un proceso de restitución de la entrega material y física del predio identificado como: LOTE 10-H-1, con una superficie de 17,976.07 metros cuadrados, con cedula catastral 1080030000019030, actualmente ubicado en el Municipio de Tulum, Quintana Roo, registrado en la escritura pública número 45933, Notaría número 03, Marco Antonio Sánchez Vales.

Cabe mencionar que con la coordinación puntual y estrecha entre la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Turismo y la Secretaría de Seguridad Pública se cumplió de manera exitosa con la diligencia, asistiendo en todo momento a los huéspedes que se encontraban en la propiedad, para que pudieran seguir disfrutando sin contrariedad su estancia en el estado.

Acciones como estas son muestra clara de que continúa el cambio en Quintana Roo y se traduce en hechos que benefician a las y los ciudadanos con una justicia laboral que resuelve, y que en este gobierno está para servir y nunca más para servirse de ella.

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