Cumplen nueva orden de aprehensión contra el exgobernador Roberto Sandoval

Redacción / Mestizo News

Este viernes fue cumplementada otra orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. En esta ocasión, por el presunto delito de falsificación de documentos en general, en agravio de un hombre y una mujer. El exfuncionario fue detenido a inicios de junio, junto con su hija, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.


“El imputado quedó a disposición del juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en la capital del estado, para realizar los trámites que la ley mandata y que vendrán a determinar su situación legal”, informó la Fiscalía de Nayarit.

Luego de tres meses prófugo, el exmandatario se encuentra recluido en el CEFERESO no. 4, “El Rincón”, en el municipio de Tepic. Sandoval Castañeda fue vinculado a proceso por tres causas penales. Entre ellas, se le acusa de peculado, ejercicio indebido de funciones y delito electoral derivados del programa social Seguro Alimentario (Prosa).

Tras su detención, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ese programa “estuvo politizado y viciado desde origen” pues “la obtención de recursos era indebida, la aplicación de los mismos no era correcta y los beneficiarios no eran siempre las personas más necesitadas”.

Según las averiguaciones, los beneficios del programa se entregaban a través de fondos estatales y aportaciones de empleados del gobierno, a quienes se les forzaba a entregar parte de sus sueldos.

Entre las pruebas presentadas por el ministerio público, destaca un audio en que se escucha al exgobernador presuntamente promoviendo el uso del programa para conseguir votos en 2017. También exhibieron los testimonios de 70 personas que admitieron haber sido coaccionadas para votar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a cambio de una despensa.

La segunda causa penal que Sandoval enfrenta es por peculado y ejercicio indebido de funciones, por el presunto desvío de 83 millones de pesos del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales (Fircaes).

Supuestamente, el entonces gobernador utilizó ese dinero con fines electorales mediante apoyos que entregó a 19 simpatizantes de su partido. Altos funcionarios de su administración testificaron que benefició y entregó créditos a empresas que no reunían los requisitos para acceder al programa.

Finalmente, la FGR lo acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita debido a que, presuntamente, el gobernador y su hija, Lidy Alejandra, realizaron una cantidad “desmesurada” de operaciones “en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit” y que posiblemente tenían nexos con el crimen organizado.

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