Gobierno de México demanda a empresas Estadounidenses por tráfico ilegal de armas.

Redacción / Mestizo News

Ciudad de Mex., 04 de agosto 2021.- México decide llevar a juicio a mas de una decena de fabricantes y distribuidores de armas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador este miércoles ha presentado una demanda civil en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos a quienes acusa de emprender “practicas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas en México”.

La secretaria de Relaciones Exteriores ha aseguró que la acción legal ha sido presentada ante una corte federal en Boston (Massachusetts) con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal. El Gobierno mexicano afirmó que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores estuvo detrás de al menos 17.000 asesinatos en 2019 y que del 70% al 90% de las armas decomisadas en su territorio.

“No lo hacemos para meter presión a EEUU, sino para que no haya muertos en México”, menciono un funcionario cercano al caso. “Las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de población civil y autoridades de México” señaló en un documento en el que explica la demanda, preparada en los últimos 2 años.

El gobierno esta en busca de una indemnización por daños que será definida por el tribunal, pero que podría alcanzar el 2% del PIB de México. La exigencia no solo se basa en afectaciones económicas, como la sangría de recursos públicos para sostener la guerra en contra de los grupos criminales.   

Los litigantes mexicanos esperan un proceso largo, de mucho tiempo. El primer reto para el Gobierno mexicano será demostrar ante la Corte que tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas, como afectado directo. El segundo será superar el blindaje político y legal que tiene la industria armamentista en Estados Unidos. La propia Administración de Joe Biden ha puesto en la mira a principios de este año la llamada ley de inmunidad que protege los intereses de las principales empresas, para impulsar una legislación más sensata y que restrinja la presencia generalizada de armas en territorio estadounidense.

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