Yucatán inclusivo

Después de dos años de lucha, la comunidad LGBTTIQ+ se anota un triunfo, con la aprobación en el Congreso estatal de la unión legal de personas del mismo sexo, quienes tendrán los mismos derechos que los heterosexuales, entre ellos Seguro Social e Infonavit; además, ahora la ley establece penas de entre tres y seis años de cárcel a quien imponga o practique terapias de conversión para tratar de revertir la orientación sexual o la identidad de género de una persona 

David Valladares/Mestizo News
Fotos: David Valledares, Marco B. Montañez

Mérida, Yucatán.- La entidad cuenta con una amplia historia de discriminación y segregación a grupos diversos de la sociedad, a quienes por mucho tiempo se les llamaba “minorías”. 

Sin embargo, la comunidad LGBTTIQ+ en el estado ha dejado muy claro que no es un grupo minoritario, y durante mucho tiempo luchó contra la discriminación y la homofobia institucional. 

Gracias a ello, recientemente ganaron una lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos con el matrimonio igualitario.

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Por muchos años se habían normalizado conductas que fragmentan a la sociedad, desde la xenofobia, machismo y clasismo hasta la homofobia y la discriminación, estás ultimas atadas al conservadurismo que imperaba en la sociedad yucateca, mancomunada a las ideologías religiosas mezcladas en los asuntos públicos.

La comunidad LGBTTIQ+ estableció una franca lucha desde hace mucho tiempo, la principal petición fue el reconocimiento de los derechos básicos, con la bandera de legislar con igualdad para todas, todos y todes. 

Uno de los antecedentes de la institucionalización de la homofobia en Yucatán, fue en 2008 cuando el entonces Ejecutivo estatal, apoyó y respaldo a la legislatura en turno para la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Larga batalla legislativa

El 10 de abril de 2019 parecía ser un cambio social, al discutirse por primera vez la iniciativa de ley del matrimonio igualitario. Sin embargo, grupos conservadores más los argumentos religiosos ejercieron presión, manifestándose ante el Congreso del Estado; en el mismo lugar se encontraban los activistas que exigían el reconocimiento de sus derechos de manera pacífica.

Los legisladores por miedo a un costo político, votaron a través de cédulas secretas, para que no se supiera públicamente el sentido del voto. De esta manera la iniciativa fue rechazada por 15 votos en contra, 9 a favor y una abstención. El resultado causó el descontento e indignación de la comunidad LGBTTIQ+, así como de la sociedad yucateca incluyente. 

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Meses después, el 15 de julio del mismo año se realizó una segunda sesión en donde se votaría nuevamente la iniciativa del matrimonio igualitario, no obstante, la rechazaron con la misma cantidad de votos a favor y en contra.

Por ello, activistas del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, Equipo Indignación, Unasse A.C., y Artículo 19 M, así como familiares de los agraviados y particulares, interpusieron tres juicios de amparo en contra del Congreso del Estado de Yucatán. Así inició la batalla legal de la comunidad LGBTTIQ+ contra el Legislativo local. 

Durante dos años se realizaron diversas marchas y protestas pacíficas para exigir sus derechos y que se legislara con igualdad.

Los amparos fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de ellos identificado con el expediente 413/2020 en materia de violación del pacto federal, bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en la sesión del 17 de marzo de 2021 de la Primera Sala de la SCJN, fue turnado al pleno.

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El 7 de julio del presente año la Primera Sala de la SCJN debatiría y resolvería uno de los amparos en materia de la inconstitucionalidad de la votación secreta con expediente 27/2021. Sin embargo, se pospuso la discusión del amparo sin fecha definida, pero con el objetivo de discutir este expediente al mismo tiempo que el amparo identificado con la clave 25/2021 el cual tienen el mismo sentido sobre método de votación empleado.

Finalmente, el pasado miércoles 18 de agosto del presente año, la Primera Sala de la SCJN concedió los amparos en materia de votación secreta contra el Congreso de Yucatán, a los colectivos LGBTTIQ+ y a particulares, declarando que el método de votación empleado había sido ilegal e inconstitucional. Por lo que se ordenó al Congreso Local a reponer el procedimiento legislativo esta vez votando de manera nominal, de forma que se pueda conocer públicamente el sentido de su voto.

Jornada histórica

Así, el 25 de agosto de 2021 se vivió un día histórico para el estado y que representa un triunfo para los miembros de la comunidad LGBTTIQ+, pues luego de más de dos años de lucha legal y social, marchas y una sentencia de la SCJN, el matrimonio igualitario en Yucatán fue aprobado por mayoría, con 20 votos a favor y 5 en contra.

Se dice fácil pero no lo fue, ese día no será olvidado debido a la prolongada jornada que implicó. Desde las primeras horas del día, a las 10 horas llegaron a las afueras del Congreso activistas de la comunidad LGBTTIQ+ así como aliados a la lucha.

Minutos después arribó una caravana de más de 20 automóviles integrada por miembros del Frente Nacional por la Familia Yucatán, quienes se oponen a la aprobación del matrimonio igualitario, poco fue el tiempo de silencio, por un lado, los Colectivos LGBTTIQ+ gritaban consignas como “Todos somos familias” y “Familia, escucha, tu hijo está en la lucha” y por otro el FNF Yucatán con consignas como “Biología sí, ideología no” y “Primero la familia”.

Aproximadamente a las 12 horas, el FNF Yucatán se retiró del lugar, sin embargo, los activistas a favor del matrimonio igualitario permanecieron instalados hasta las 5 pm que se declaró la aprobación de la iniciativa.

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¿Que se aprobó?

* Reforman los párrafos 2 y 3 del artículo 94 de la Constitución Política del estado de Yucatán, en materia de matrimonio.

* Otorga a esta parejas derechos como Seguro Social e Infonavit entre otros.

* La reforma no da más derechos a la comunidad LGBTTIQ+, sino reconoce los mismos derechos para todas y todos como lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de México que establece el principio de igualdad y no discriminación.

* Sin embargo, aún falta que se modifique el Código de Familia del estado de Yucatán.

* También se adiciona el capítulo VI BIS denominado “Terapias de Conversión” al artículo 243 del Código Penal del estado de Yucatán: se prohíbe y se castiga con tres hasta seis años de cárcel las terapias enfocadas a tratar de cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas.

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